El Gobierno de la República Dominicana, liderado por el presidente Luis Abinader, ha implementado una serie de medidas migratorias fundamentales para garantizar el orden y la seguridad del país. Entre ellas, se destaca el aumento de las deportaciones de personas en situación irregular, una decisión que responde a la necesidad de proteger los intereses nacionales y regular la migración conforme a la legislación dominicana.
Manifestamos nuestro irrestricto apoyo a estas medidas, firmadas por el presidente Abinader, en defensa de la soberanía nacional y el derecho de la República Dominicana a gestionar sus políticas internas sin interferencias externas. Ninguna organización extranjera, sin representación ni legitimidad, tiene jurisdicción en los asuntos internos del país. La República Dominicana no cederá a los chantajes de la llamada «Comunidad Internacional», integrada por ONGs foráneas, muchas de las cuales están financiadas por intereses desconocidos que buscan inmiscuirse en la autonomía de los países y controlar sus políticas internas.
El Respeto a los Derechos Humanos
La República Dominicana reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Todas las medidas migratorias se llevan a cabo respetando la dignidad de cada individuo y conforme a la normativa nacional e internacional. Ninguna persona es deportada sin un análisis individual, lo que garantiza que no se realicen expulsiones colectivas indiscriminadas.
Asimismo, el gobierno ha adoptado precauciones especiales para proteger a los grupos más vulnerables, como mujeres embarazadas, niños y personas con necesidades especiales. El respeto a sus derechos es una prioridad del Estado dominicano, demostrando que la regularización migratoria se realiza con responsabilidad y humanidad.
Protección de los Ciudadanos Dominicanos
Respecto al riesgo de deportación de dominicanos de ascendencia haitiana, el Gobierno ha sido claro: ningún ciudadano dominicano es deportado. Se realizan rigurosas verificaciones para evitar errores en este proceso, asegurando que los derechos de los dominicanos no sean vulnerados.
Defensa de la Soberanía Nacional
La República Dominicana, como nación soberana, tiene el derecho incuestionable de tomar decisiones sobre sus políticas migratorias. Ninguna ONG extranjera, autoproclamada defensora de derechos humanos, tiene autoridad para dictar cómo deben gestionarse los asuntos internos del país. Estas organizaciones, financiadas por intereses que desconocemos, buscan interferir en los asuntos soberanos y ejercer control sobre las políticas nacionales.
El Gobierno dominicano está firmemente decidido a proteger su soberanía y no permitirá injerencias de organismos externos que no representan al pueblo dominicano. Las decisiones en torno a la gestión de las fronteras y la regularización migratoria son competencia exclusiva de la República Dominicana, y se tomarán siempre en función de los intereses nacionales.
Los Medios de Comunicación como Vigilantes
Los medios de comunicación dominicanos, como GalaOriental.com y ElMuro360.com, han sido vigilantes del respeto a los derechos humanos y, al mismo tiempo, defensores firmes del derecho inalienable de la República Dominicana a la autodeterminación y regulación interna. Estos medios reconocen que, aunque el respeto a los derechos humanos es fundamental, el derecho del país a tomar decisiones soberanas sobre su política migratoria no puede ser puesto en tela de juicio por agentes externos.
Conclusión
Reiteramos nuestro apoyo irrestricto a las medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader, que buscan regular la migración, preservar el bienestar nacional y defender los intereses del país. Estas medidas se están ejecutando con respeto a los derechos humanos, bajo un marco legal claro y transparente.
La República Dominicana seguirá tomando decisiones soberanas en favor de su seguridad y estabilidad, sin someterse a presiones externas de ONGs o la mal llamada «Comunidad Internacional». El pueblo dominicano confía en su gobierno para proteger los intereses de la nación, siempre dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y la legalidad interna.
